Pequeños apuntes para la discusión sobre una nueva Ley de Radiodifusión.

Luciano Debanne*

      En 1980, la Junta Militar, con el dictador Rafael Videla a la cabeza, firmó el decreto ley 22.285 que regulaba desde la perspectiva de la doctrina de la seguridad nacional toda la radiodifusión en Argentina. Veinticuatro años después esa misma ley sigue reglando la actividad de todos los medios masivos de comunicación radiofónicos y audiovisuales.
      Sin embargo, todos sabemos que la situación del país ha cambiado y hoy decenas de organizaciones han tomado riendas en el asunto y se han unido en una Coalición por una Radiodifusión Democrática. Es desde esta unión de organizaciones que nació una iniciativa que propone 21 puntos, uno por cada año de democracia, para una nueva ley de radiodifusión realmente plural y democrática.
      Estos 21 puntos sostienen lo que debería ser el espíritu de la nueva ley y han participado en su redacción varias universidades nacionales a través de sus escuelas de Comunicación Social; gremios de trabajadores de prensa, artistas y técnicos de radio y televisión; confederaciones de radios comunitarias; representantes del movimiento cooperativista; organizaciones no gubernamentales relacionadas a la comunicación y los derechos ciudadanos; organizaciones de derechos humanos; abogados e intelectuales... todos ellos uniendo sus puntos de vista, sus reclamos y reinvidicaciones, y fundamentalmente sus propuestas para generar un documento que es un ejemplo de construcción democrática, discusión y ejercicio de derecho ciudadano.
      Estos “21 puntos por una Ley de Radiodifusión para la Democracia” fueron publicados en el número anterior de La Revista de El Ojo De la Tormenta y como habrán visto los lectores, proponen a la comunicación social como un derecho humano más, y se pronuncian en contra de todo tipo de censura y monopolio de la información, aceptando que una democracia sólo es posible en el marco de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad cultural.

      El planteo general de los 21 puntos es bastante sencillo: contrariamente a lo que sostiene la ley de la dictadura, la Coalición por una Radiodifusión Democrática sostiene que la radiodifusión no es un negocio para que se enriquezcan algunos pocos empresarios sino, muy por el contrario, es un derecho humano fundamental y esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población.
      Â¿Qué podemos esperar de un país en que sólo está autorizado a gestionar un medio de comunicación aquel que persiga fines de lucro, dejando fuera a los miles y miles de argentinos que están organizados con objetivos no empresariales de solidaridad y desarrollo comunitario, cooperativo, social?
      Pues bien, esa es la situación actual de nuestro país. La ley 22.285 sólo prevé que sean licenciatarias de frecuencias de radiodifusión organizaciones comerciales y entes estatales. Pero como si esto fuera poco, a partir de modificaciones introducidas en la ley a través de decretos de necesidad y urgencia por el ex presidente Carlos Menem, este es uno de los pocos países donde una misma persona jurídica, una misma empresa por ejemplo, puede ser dueña de varias señales de radio y televisión a lo largo y ancho de toda Argentina.
      Así es, estas modificaciones que fueron parte del proceso privatizador y desregulador del gobierno menemista permitió el monopolio de la información que existe actualmente en nuestro país y la precarización absoluta de los trabajadores de los medios masivos. De esta manera la dictadura, el menemismo y los gobiernos sucesivos favorecieron a los sectores empresariales privilegiados, regalándoles un negocio formidable en términos de ganancias económicas, pero también dándoles el inmenso poder de definir en gran medida los temas sobre los que discutimos mientras almorzamos viendo los noticieros; los temas sobre lo que nos reímos cuando vemos las comedias de la noche; los temas que discutimos en el trabajo, el colegio y el almacén; con nuestros vecinos, compañeros y amigos.
      Pensemos sino en nuestra vida diaria, ¿cuántas cosas de las que discutimos diariamente son en realidad temas planteados desde la televisión y la radio? Pensemos ahora quiénes son los dueños de los canales de televisión y las radios, cuáles son sus intereses, cuáles sus socios, qué otros negocios manejan...
      Pero pensemos, además, cuántas de esas cosas son en realidad presentadas desde programas de radio y televisión de Buenos Aires. Aquí es donde los 21 puntos también tienen algo que proponer, asegurando que todos los medios deben tener producciones propias de cada zona de trasmisión, exigiendo la pluralidad y el respeto a la diversidad cultural evitando la proliferación desmedida de repetidoras que atenten sin control alguno contra un verdadero federalismo en materia de comunicaciones.
      Al mismo tiempo es necesario asegurar la igualdad de acceso a los medios de comunicación en todo el país. ¿Por qué si cada uno de los argentinos financia con sus impuestos un canal estatal de televisión, Canal 7, sólo pueden verlo de forma gratuita aquellos que viven en Buenos Aires?
      Es imperativo que los servicios de radio y televisión estatales lleguen a todo el territorio nacional, no sólo porque es un servicio que se sostiene con el dinero de los habitantes de todo el país, sino fundamentalmente porque ese canal debe y puede ser un espacio privilegiado de discusión, divulgación y confrontación de ideas de todo el país.
      Claro que para eso hay que evitar que un canal o una radio del Estado sean un canal y una radio del gobierno. El punto 12 de la iniciativa que estamos presentando dice que “Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán promover una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población”.
      Claro que no podemos depositar toda las posibilidad de pluralidad y diversidad de expresión en un medio estatal. En Argentina existen actualmente cientos de radios y unos cuantos canales de televisión en manos de la sociedad civil. Radios y canales comunitarias, populares, parroquiales, ciudadanas esparcidas en todo el país, en cientos de pueblos, localidades, barrios; y trabajan en ellas miles de personas... todas ellas se encuentran actualmente en una situación de irregularidad legal. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio de esta nota, el artículo 45 de la ley de la dictadura 22.285 que regula quiénes pueden y quiénes no pueden gestionar un medio de comunicación, no incluye a las asociaciones civiles sin fines de lucro, como una  organización  social o una cooperativa, como posibles licenciatarias de frecuencias de radiodifusión.
      Finalmente es importante destacar el planteo del punto 20 de esta iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia: “Se creará la figura de la “defensoría del público” con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación.”. Un órgano capaz de recibir las propuestas de aquellos que nos relacionamos con los medios como usuarios, como consumidores, pero que tenemos muchas cosas para decir sobre los temas que se trasmiten y los modos en esos temas son tratados. Una propuesta que aspira a garantizar el cumplimiento de los derechos del público, a que no se ofenda ni menosprecie nuestra sensibilidad, educación e inteligencia.

NECESIDAD DE LA NUEVA LEY...
      Y aunque en nuestro país la regulación en materia de radiodifusión es producto de una dictadura militar y de una época en que apenas si empezábamos a conocer la televisión en colores, además de las organizaciones que hoy conforman la Coalición por una Radiodifusión Democrática, distintos organismos internacionales hace ya varios años que vienen sosteniendo la necesidad de legislaciones que contemplen lo que hoy proponen los 21 puntos.
      La UNESCO, la Convención Americana por los Derechos Humanos, la Corte interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU, en fin, cientos de declaraciones, tratados internacionales, acuerdos, documentos de intelectuales, estudios universitarios... todos planteando algo que si se piensa es bastante obvio: la comunicación es parte fundamental de una democracia moderna.
      Por eso, si creemos que una verdadera democracia se construye en un diálogo amplio y plural entre todos aquellos que formamos parte de un país; si podemos ponernos de acuerdo en el hecho de que los medios masivos de comunicación, y entre ellos especialmente la radio y la televisión, son uno de los principales lugares de discusión y debate de nuestras sociedades; si podemos acordar en que actualmente los medios masivos más poderosos de nuestro país están en manos de grupos empresariales vinculados a la destrucción que sufrió nuestro país en las últimas décadas y que los objetivos de esos grupos empresariales no son necesariamente el bienestar social; si acordamos que es necesario ampliar la tolerancia, la diversidad de información, opinión, expresión cultural; si estamos de acuerdo en todo esto, estoy seguro de que estamos de acuerdo con que modificar una ley que no permite que esto suceda es un paso inicial, pero necesario, para construir un país mas justo y participativo.

*Periodista de Radio Revés (UNC), egresado de la Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba.