Jorge Rizzotti.

      La gestión pública nace necesariamente de un proyecto político, el que –a su vez- se asienta en una concepción ideológica. Cualquier ideología debe identificar el papel del hombre en la sociedad y en el mundo y al mismo tiempo el rol del Estado. Adhiero a quienes piensan que lo fundamental en la actividad política es el respeto al ser humano. La política no sólo debe respetar la dignidad y la libertad del hombre, sino, en primer lugar, hacerlo partícipe de las decisiones fundamentales.
      Es sin duda el municipio la unidad de organización estatal más cercana al hombre. El municipio es así la primera forma de organización pública sobre la que recae la responsabilidad de cristalizar un proyecto político.
      Aclarado esto, quiero referirme a lo que creo haber aprendido en mis años como funcionario y como legislador municipal. Lo podría resumir en dos reglas. La primera es que hay buenas ideas que pueden terminar en fracasos y otras mediocres que sin embargo pueden dar buenos resultados. La segunda regla deriva de la anterior: no se trata tanto de buenas ideas como de una acertada gestión, de la capacidad para planificar, ordenar y controlar las tareas. Mejor que ideas brillantes suele ser el sentido común. El buen administrador no sólo debe tener buenos proyectos sino ser capaz de ejecutarlos en forma eficiente.
      Hay un tema, de entre todos los que interesan a una buena administración, al que aquí quiero referirme. Es un tema fundamental, del que depende el funcionamiento de cualquier organismo público, que sin embargo pasa desapercibido para el ciudadano común. Es la cuestión de la ejecución presupuestaria.
      Podríamos decir que hay dos formas de ejecutar el presupuesto. Una, que es la que se ha venido aplicando en la Municipalidad, consiste en ir ejecutando los compromisos de gasto sobre la base de los recursos previstos, sin que sea preciso esperar a que éstos hayan ingresado al erario municipal. La otra, que siguen las administraciones públicas avanzadas, consiste en ir autorizando los gastos solo en función de ingresos efectivos.
      El primer método, seguido hasta el presente, ha mostrado el inconveniente de que con frecuencia los recursos previstos no se efectivizan, con lo que termina siendo necesario contraer créditos para financiar los gastos. Como el procedimiento no condiciona los gastos a la obtención de recursos, su utilización deriva en situaciones de endeudamiento por encima de las posibilidades, y que además terminan condicionando la prestación de los servicios. Por otro lado, se verifica un elevado costo financiero, de modo que recursos que debieron ser asignados a la satisfacción de necesidades colectivas, terminan siendo comprometidos en pagos a entidades financieras.
      Es necesario modificar radicalmente la forma de administración. No puede haber compromisos de gastos por encima de lo efectivamente recaudado. Esto no solo es posible, sino incluso imprescindible. No se trata de que el Estado incumpla sus compromisos y obligaciones. Por el contrario, la forma de honrar esos compromisos y obligaciones es no gastar más que lo que ingresa. Y, lo que es más importante, permite concentrar los recursos en las necesidades públicas y no en otros destinos.
      Lo primero es confeccionar un presupuesto en el que se reflejen los compromisos que habrá que afrontar. Y luego, restringir los gastos de modo de afectar los recursos a aquellas actividades que no se puede desatender.  Hay otro aspecto que, en mi opinión, resulta fundamental en cualquier gestión. Es el tema de la participación. Para circunscribirnos al ámbito de responsabilidades de la municipalidad, sabemos que la regulación y el control de los servicios públicos municipales es un trabajo pendiente. El proceso de privatización ha derivado en una insuficiente protección de los usuarios y no se han implementado todavía controles efectivos. En esta tarea de regulación, es importante la participación de los ciudadanos. Hay que reconocer a los vecinos el derecho a la información, la consulta y la concertación.
      Existen también dos modelos o dos formas de concebir la participación de los usuarios: El modelo consumidor, para el que el usuario es un cliente y se trata de garantizarle la información y la calidad de las prestaciones. Suponer que se trata de un cliente implica que la posibilidad de acceder al servicio está condicionada por la capacidad de pago, lo que resulta contrario a la necesidad de que los servicios sean accesibles a todos.
      El modelo ciudadano, en cambio, parte del reconocimiento de un interés colectivo y postula que los ciudadanos, además de ser escuchados, participen en la resolución de sus propios problemas.       Las políticas a implementarse deben asumir este punto de vista.
      Recapitulando, parece claro que hay dos cuestiones que son fundamentales: además de los proyectos o las ideas, es decisivo el modo en que se gestionan las políticas y el cuidado con que se administran los intereses públicos y es siempre prioritario escuchar a los interesados, otorgar siempre a la gente la mayor cuota posible de participación.