Sin ninguna duda, el desarrollo de la agroindustria azucarera desde el siglo XIX provocó profundos cambios en El Ramal, convirtiéndolo en el epicentro de la actividad económica de la provincia, y, por momentos, en la región más rica, dinámica y poblada. El rápido crecimiento de los ingenios azucareros se tradujo en el de la región, hasta entonces marginal, y fue interpretado por los coetáneos como el mayor motor de progreso. La urbanización y los bellos edificios de estilo inglés y francés, los centros de sociabilidad y salud, la gran demanda laboral, la apertura de nuevas vías de comunicación (intentos de navegación fluvial, el tendido de vías férreas, nuevos caminos), los primeros teléfonos, fábricas de hielo, de aceites industriales, las proveedurías, todo ello fue producto de los ingenios.

      Pero también muchos contemporáneos de este proceso de despegue de la agroindustria percibieron, sufrieron y denunciaron las consecuencias de estructuras productivas latifundistas que ejercían un control casi absoluto sobre tierras, bienes y personas, además del ejercicio de funciones estatales como policía, guardia civil y juzgados, amén se la sujeción de los gobiernos provinciales, dependientes de los ingresos fiscales derivados de la producción azucarera.
      Hoy, a la vista de las consecuencias de una política permisiva del latifundio, los investigadores sociales volvemos a plantear la vieja cuestión de desarrollo provincial estrechamente vinculado al azucarero. Esta nota propone una mirada a sus orígenes hasta la década de 1930.

De las antiguas haciendas azucareras
a los modernos ingenios
      Desde fines de las tres últimas décadas del siglo XVIII, en el Curato de Río Negro (hoy departamentos de San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara), sobre tierras ganadas a los indígenas, se habían asentado haciendas de gran extensión territorial que, a la vez que dedicadas a la ganadería, fabricaban azúcares, mieles, aguardientes y chancacas, destinadas al consumo regional.
      Ya a mediados del siglo XIX, repuesta la economía de la región de las guerras de la Independencia y civiles, la producción de azúcar se vislumbró como la actividad que podía insertar a las provincias del Noroeste en el mercado nacional. Sin embargo el azúcar jujeño difícilmente podía competir en calidad y precio con el producto importado sin que mediaran renovación tecnológica, reducción de los costos de fletes (a través de la mejora en el transporte) y una política arancelaria protectora. En la misma situación estaban los productores de Tucumán y de Salta.
      En la década de 1870 las negociaciones entre las elites gobernantes provinciales con el gobierno nacional dieron sus frutos logrando una serie de medidas protectoras para la producción azucarera del Noroeste. Este fue el comienzo de la modernización productiva en Jujuy. La extensión del ferrocarril hasta Tucumán, permitió el traslado de maquinaria importada de Inglaterra y la transformación de dos haciendas en modernos ingenios-plantación.
      La primera en modernizarse fue la hacienda de Ledesma, a cargo de la sociedad “Ovejero y Zerda”, quienes en 1876 habían contratado a Roger Leach para instalar las maquinarias adquiridas en Gran Bretaña. Éstas fueron introducidas por el puerto de Buenos Aires, trasladadas en ferrocarril hasta Tucumán y desde allí en carretas hasta su destino final. La incorporación de nuevos socios y capitales fue gradual: en 1901 se sumó a la sociedad Félix Uzandivaras y, siete años después se formó la “Compañía Azucarera Ledesma”. En 1911 se incorporaron nuevos accionistas, entre ellos los franceses Henri Wollman y Charles Delcasse, quienes terminaron adquiriendo la totalidad de las acciones de la empresa, denominada “Nueva Compañía Azucarera Ledesma”, convertida en 1914 en Ledesma Sugar Estates and Refining Company Limited.
      En el Ingenio La Esperanza, fundado sobre la hacienda de San Pedro, la modernización comenzó con la familia salteña Aráoz, que era su propietaria desde 1844. Fue Miguel Francisco Aráoz quien encargó maquinaria inglesa: trapiches de hierro y centrífugas a vapor. Pronto se formó la sociedad: “Aráoz, Ugarriza, Uriburu y Cia.” (1882), que incorporaba al técnico inglés Roger Leach, responsable también de la instalación de las nuevas máquinas en San Pedro. Leach arrendó luego el ingenio, manteniendo con sus socios la explotación común de algunos campos y, finalmente, en 1888, formó la compañía “Aráoz and Leach”, integrada por sus cinco hermanos y los descendientes del salteño. El peso predominante de los ingleses se tradujo en la nueva firma “Leach Hnos” (1893) que, en 1912,  se constituyó, con sede en Londres, en Leach’s Argentine Estates Limited.
      Hacia finales de siglo, en 1892, la asociación de Faustino Alvarado con los alemanes Wilhelm y Julius Müller, permitió la formación de un tercer ingenio, asentado en el departamento de San Pedro, que, a pesar de su auspicioso nombre de “El Porvenir”, a los pocos años quebró. Adquirido en remate por los suizos Arming y Harper, ya con el nombre de La Mendieta, se constituyó, en 1909, la sociedad anónima para su explotación.

Incremento de la producción azucarera
      La mayor capacidad de molienda y procesamiento de las nuevas maquinarias llevó a la paulatina ampliación de las áreas sembradas con caña de azúcar. En 1872, inmediatamente antes de que el proceso de modernización se iniciara, en la provincia se destinaban 338 has al cultivo de caña; en 1906, luego de la llegada del ferrocarril, ya eran 2.868 has; y en 1914 cubría 11.371 has, concentradas en  San Pedro y Ledesma, pero también esparcidas en los departamentos Capital y Perico del Carmen. Pronto la caña de azúcar iría suplantando a otros cultivos: según el Censo       Agropecuario Nacional de 1908, ocupaba un 13.5% de la superficie total sembrada en la provincia, porcentaje superado sólo por el maíz (27.5%) y la alfalfa (15.3%).
Pero no fue sólo la capacidad productiva sino también la apertura de nuevos mercados tras el abaratamiento de los fletes lo que llevó al notorio aumento de la producción azucarera. En el cuadro 1 se refleja el impacto del arribo del Ferrocarril Central Norte a San Salvador, en 1891, aunque aún era necesario cubrir un buen tramo, desde los ingenios hasta la estación Pampa Blanca en carretas, problema que quedó solucionado en 1905 con la construcción del ramal que, cruzando los ingenios, estaba destinado a llegar hasta Embarcación en la provincia de Salta.

Cuadro 1. Producción de azúcar en toneladas en los ingenios de Jujuy

* La cifra de producción de la Esperanza en 1913 suma la de este ingenio y La Mendieta.
Fuentes: Schleh, Emilio, Noticias históricas sobre el azúcar en Argentina, Centro Azucarero Argentino, Buenos Aires, 1945; Lahitte, Emilio, “Consideraciones sobre el censo de la industria azucarera”, en Tercer Censo Nacional, 1914.

      El gran aumento de la producción de 1913 llevó, en la cosecha siguiente, a la primera crisis de sobreproducción que sufrieron los industriales jujeños. Aún así, el porcentaje de la producción azucarera de la provincia, sobre el total del país, se mantenía bastante bajo, Jujuy cubría un 13.4%, mientras que Tucumán el 82.8%, el resto Salta, Chaco, Formosa, Santa Fe y Corrientes . La crisis de 1914 marcó el fin de la etapa de despegue, iniciándose la consolidación y madurez de la industria jujeña, a partir de ahí en condiciones de competir seriamente con la tucumana.
      En 1929, la severa crisis mundial amenazó con poner fin a la expansión de los ingenios. Para evitar la caída, rápidamente el gobierno nacional impuso una política proteccionista: el aumento de la tarifa sobre el azúcar importado a fin de sostener la producción nacional. Esa medida, acompañada de otras del gobierno provincial, posibilitó a La Esperanza y Ledesma el aumento de la superficie cultivada con caña, en plena época de crisis.
      La década de 1930 significó el máximo poderío de los intereses azucareros, que finalmente lograron dominio político y la extensión de sus negocios a otros sectores de la economía. Los hermanos Walter y Stephen Leach integraron la compañía minera  Pirquitas, para la explotación de estaño en el departamento de Rinconada. A la vez, otros dos socios de la misma compañía, Alberto Pichetti y Andrés Galinsky, incursionaban en la producción azucarera, instalando un nuevo ingenio, San Andrés, en el departamento de Santa Bárbara, aunque de corta duración . Sin embargo, el ingenio Ledesma era, indudablemente, el más importante de la provincia, y su mayor accionista, Herminio Arrieta, alcanzaba un poder político que trascendía el orden provincial.

Impacto de la modernización azucarera
      Un análisis del desarrollo de los ingenios azucareros obliga a tener en cuenta sus implicancias en diversos órdenes, más allá de los que hacen estrictamente a la producción. En primer lugar, los ingresos que la actividad generó al Estado provincial y su gradual dependencia: en 1890 los impuestos a la caña, azúcar y alambiques representaban menos del 4% de los ingresos fiscales, pero la creciente producción llevó a que significaran más del 50% en 1915, porcentaje que siguió en aumento durante la década de 1920 . Además, los ingenios se convirtieron también en acreedores del Estado provincial, al otorgar empréstitos al gobierno, condicionándolo a no producir subas en los gravámenes al azúcar. La influencia sobre el poder político tuvo su coronación en la década de 1930, como veremos más adelante.
      También debemos atender otros aspectos vinculados a los ingenios, como la formación de un mercado de trabajo en su torno, los conflictos laborales, la estrecha vinculación con el crecimiento de la población de la provincia y el impacto sobre la estructura agraria.

En la mano de obra
      El mercado de trabajo originado por las empresas azucareras mantuvo viejos mecanismos de la época de las haciendas, con una demanda de brazos concentrada de mayo a octubre, en tiempos de la zafra. La ocupación de la mano de obra se caracterizaba por su parcial incorporación a la economía monetaria, como en el caso de los indígenas del Chaco --cada vez más afectados por el avance del Estado o de la colonización sobre sus tierras--, o de campesinos (puneños, quebraderos, otros procedentes de provincias vecinas y de Bolivia) que sufrían la crisis de sus tradicionales medios de subsistencia y encontraban en la venta ocasional de su fuerza de trabajo la forma de mantener sus economías.
      La formación de un mercado “libre” de trabajo fue un proceso lento en el que se recurrió tanto a la coacción como al estímulo monetario, variando estas formas según la época y el trabajador a contratar. La coacción fue mayor en los años de despegue, mientras que el estímulo del dinero aumentó con el paso del tiempo y ejerció especial atracción entre los campesinos que vieron en la zafra un complemento a su economía de subsistencia.
      La imposición de la retribución salarial siguió un proceso similar, con una tendencia general a abandonar, gradual y lentamente, el pago en especie, vales, fichas y retención de salarios, para hacer la liquidación en moneda nacional y en forma regular. Proceso moroso que tuvo formas híbridas, pues, hasta la década de 1940, al lado de la generalización de la relación monetaria permaneció el pago en fichas, la tarja y el descuento por libreta. Los cambios operados a favor de los trabajadores fueron producto de los inicios de una legislación protectora y de las primeras huelgas.
      Ya durante el período radical, una incipiente organización gremial había encabezado huelgas y reclamos, conducidos por anarquistas y socialistas. Además de la conocida protesta de 1916, en el ingenio Ledesma, que tuvo un saldo de 11 heridos y la muerte de  6 obreros “turcos” que se habían negado a recibir sus salarios de otra forma que en moneda nacional , hubieron otras tantas más en las zafras de los años subsiguientes. Es evidente, al menos en las huelgas más importantes, de 1918 y 1923, la activa participación de gremialistas llegados de provincias vecinas sumados a los activistas locales. Sus reclamos eran consonantes con los que llevaba a cabo la clase obrera del país por la jornada de 8 horas, el pago de sueldos en moneda nacional y una legislación social protectora, incluyendo tanto a los obreros de fábrica como a los trabajadores del surco.
      Desde el mandato del gobernador Mateo Córdova, se había demostrado preocupación por, al menos, reglamentar las pocas leyes que el PE nacional había dictado con validez en toda la República. Este fue el caso de las leyes de Accidentes de Trabajo (en la provincia Ley 536 de 1922) y las dictadas en el mandato de Benjamín Villafañe: la 569 prohibiendo el pago de jornales y salarios en fichas, vales u otra moneda que no fuera  la nacional (1924); la 673 que declaraba obligatoria la asistencia médica permanente en los establecimientos donde el trabajo a realizar representare algún riesgo para los obreros y la 682 de descanso dominical (ambas de 1925). Durante los nueve meses del gobierno de Miguel A. Tanco, en 1930, se dictaron leyes regulando la actividad de los conchabadores de peones (leyes nº 887 y 908); disponiendo la compra o expropiación de los latifundios en toda la provincia a fin de ser cedidos en arriendo a sus pobladores (Ley nº 880); la de construcción de viviendas para empleados y obreros (nº 878) y, finalmente, la 893 de creación del Departamento Provincial de Trabajo y Estadísticas. Pero el escaso contralor y, la casi inmediata alteración de la continuidad institucional con el Golpe de Estado de 1930, llevaron a que algunas de estas leyes, directamente, no entraran en vigencia y otras tuvieran aplicación poco efectiva .

En la propiedad territorial
      Los valles orientales se caracterizaron, desde fines de los tiempos coloniales, por la existencia de extensísimos dominios en manos de unos pocos propietarios. El desarrollo de los ingenios incrementó la concentración de la propiedad, al extremo de monopolizarla, tal cual lo percibió tempranamente el gobernador Eugenio Tello, quien en 1884 exponía ante la Legislatura que:

      â€œCon excepción de la Capital y de los dos Perico, en los demás la propiedad de halla concentrada. Hasta el extremo de que en San Pedro, Ledesma, Rinconada, Santa Catalina, Valle Grande y Yavi, la capital de cada uno de esos departamentos pertenece a un solo propietario […]”

      Efectivamente, la Puna y los Valles Subtropicales eran las dos regiones de la provincia caracterizadas por el latifundio.  Los pueblos de San Pedro y de Ledesma, se habían formado en el núcleo de las haciendas, donde se encontraban las respectivas “salas” o residencia principal de los propietarios y, en su proximidad, las fábricas de azúcar, las proveedurías y las viviendas de empleados y trabajadores. Durante la visita que realizó a San Pedro, a poco de asumir su mandato, tras largas negociaciones con su propietario, Miguel Francisco Aráoz, Tello obtuvo su inicial consentimiento para efectuar la expropiación de las tierras destinadas a trazar el nuevo pueblo. Cuando años después Tello se refería a este episodio, lo recordaba como uno de los principales triunfos de su gestión por la resistencia inicial de Aráoz, a quien le dijo “este pueblo es una toldería de indios” , refiriéndose efectivamente a las tiendas que los nativos del Chaco, ocupados en la zafra, asentaban en las proximidades. Pero seguramente no fue el argumento del “progreso de la civilización” lo que convenció al propietario, sino la determinación del gobernador, y seguramente promesas de apoyo en gestiones a nivel nacional como aquellas destinadas a apresurar la llegada del ferrocarril a Jujuy, indispensable para que el azúcar pudiera acceder al mercado nacional.
      Así, por decreto del 30 de julio de 1883 el gobernador disponía la expropiación de terrenos para la fundación del pueblo de San Pedro. Ese mismo día delegó a Miguel A. Aráoz, hijo del propietario, que era ingeniero civil, la mensura del pueblo. Sin embargo la resistencia del propietario se manifestó a través del  hijo, que no llevó a cabo la tarea encomendada, por lo cual Tello comisionó a otra persona  para que la hiciera, lo que recién finalizó en 1885. Los terrenos expropiados pasaron a poder de la provincia, que no invirtió ninguna suma en la operación, pues la ley de 1870 que autorizaba al PE a efectuar estas operaciones, preveía que “La expropiación se perfeccionará a medida que se presenten al PE interesados, solicitando la adjudicación de los solares delineados, abonándose entonces al propietario el precio fijado a aquellos” . En este caso, se dispuso que los interesados en adquirirlos pagaran directamente al propietario, bajo cierto control del gobierno de la provincia.
      En el caso de Ledesma, el Gobernador procedió de manera similar, expropiando los terrenos y ordenando delinear el pueblo en 1883. Al año siguiente debió reiterar por otro decreto la orden, ya que la táctica de dilación de Ovejero fue la misma que intentó Aráoz; sin embargo, mientras que la fundación de San Pedro como pueblo autónomo se logró, no ocurrió lo mismo en Ledesma, donde recién en 1901 se efectivizó la donación de tierras por parte de la empresa para lo que se denominó “Pueblo Nuevo”, bautizado en 1950 como Libertador General San Martín.
      Pero el desarrollo productivo llevó a una verdadera hambre de tierras para extender el cultivo de la caña de azúcar. Así afirmaba un testimonio de comienzos del siglo XX:

      â€œEn los departamentos San Pedro y Ledesma, es muy difícil adquirir en compra tierra apta para la agricultura, debido a que los dueños de los ingenios La Esperanza y Ledesma pagan por fracciones cultivables y con riego, para plantarla con caña, mejores precios que cualquier oferente. Puede decirse que no existen otros propietarios que los nombrados.”

      Efectivamente, en unos cincuenta años, se produjo una alta concentración de valor en manos de los propietarios azucareros, que llegaron a dominar los departamentos de enclave. Valga para ilustrarlo la referencia al catastro de la propiedad territorial del año 1904 , en el que encontramos que más de las tres cuartas partes del valor de la propiedad territorial de los departamentos azucareros, estaba en poder de los ingenios; y al año 1919, cuando este proceso estaba llegando a su punto máximo, y los Leach y La Mendieta S.A., controlaban el 95,9% en el departamento San Pedro.
      La conformación de verdaderos latifundios en torno a los ingenios, creó zonas en las que el dominio de las empresas fue total. Adoptaron así características de unidades cerradas sobre sí mismas o autosuficientes, monopolizando las actividades que se desarrollaban en la región. Testimonios de la época nos presentan a los ingenios como “Estados dentro de otro Estado”. La existencia de tranqueras que controlaban el ingreso, la prohibición de circulación de personas no autorizadas por las instalaciones, el control de las vías de circulación interna, nos indican la existencia de empresas dispuestas a ejercer un control directo sobre su ámbito de influencia. No debe resultar extraño que para los coetáneos que denunciaban esta situación, los ingenios constituían verdaderos “señoríos feudales”. 
      El dominio territorial implicó el de sus habitantes. Los ingenios terminaron acaparando o controlando funciones propias del Estado. La policía, los juzgados de paz y los municipios que se encontraban dentro de sus límites, tenían una dependencia más directa de las administraciones de las empresas que de las órdenes emanadas de los distantes y aquiescentes gobiernos provinciales. En este sentido, los ingenios no se comportaron de manera diferente a la de otras empresas latifundistas agroindustriales, mineras o ganaderas de América Latina.

En el crecimiento demográfico
      La actividad azucarera fue sin duda el factor que dinamizó la región, provocando un sensible aumento demográfico. Los tres primeros censos nacionales dan cuenta de las transformaciones  ocurridas entre 1869 y 1914: la población de los Valles Subtropicales, tomada en conjunto, se triplicó, y la región pasó a ser la más poblada de la provincia. Sin embargo, el incremento poblacional estuvo limitado a los dos departamentos azucareros; en San Pedro, la población se multiplicó casi ocho veces, de manera que al comenzar el siglo XX era el más poblado de Jujuy. En cambio, este proceso afectó poco a Santa Bárbara, que recién en 1899 adquirió el rango de departamento, y menos aún a Valle Grande.

Cuadro 2. Población argentina y extranjera en los valles subtropicales del oriente en 1869, 1895 y 1914. Cifras absolutas y relativas al total departamental

Fuentes: elaboración en base a los censos nacionales de población de 1869, 1895 y 1914.

      A medida que los requerimientos de trabajadores aumentaban, un masivo y permanente movimiento de “vaivén” caracterizó a los departamentos azucareros, con la llegada de braceros de las provincias más empobrecidas del norte (catamarqueños, santiagueños, etc), campesinos puneños o de los Valles Calchaquíes, inmigrantes del sur de Bolivia y esencialmente indígenas del monte chaqueño.
      El paulatino reemplazo de estos últimos, por campesinos de las tierras altas de ambos lados de la frontera y por etnias del oriente de Bolivia (especialmente ava guaraní), acrecentó las migraciones temporarias, pero también produjo asentamientos estables. Si bien la gran mayoría de los extranjeros registrados en los censos eran bolivianos, también se asentaron otros grupos minoritarios en la región. Atraídos inicialmente por los ingenios, muchos de ellos terminaron radicándose en los pueblos dedicados al comercio o tareas terciarias. El caso más ilustrativo al respecto es de los  sirios y libaneses, denominados “turcos”, por provenir del Imperio Otomano. Así por ejemplo, en el departamento de Ledesma, en 1914, había 3.055 bolivianos, 758 españoles, 135 otomanos, 121 japoneses y 51 rusos, representando los extranjeros el 35% de la población. En San Pedro, donde casi la mitad de la población era extranjera, luego de los bolivianos, el grupo más representativo era el de los ingleses, atraídos por los Leach.
      El dinamismo que adquirió la zona llevó al crecimiento de los pueblos de San Pedro y Ledesma. Los nuevos núcleos urbanos incrementaron su población rápidamente y, ya en 1914, en el departamento de Ledesma la población considerada urbana superaba a la rural, fenómeno que, en la totalidad de la provincia, se produjo medio siglo después.

Epílogo: tras la crisis de los años 60
      El gran crecimiento demográfico de los departamentos azucareros se mantuvo hasta la década 1960, cuando la crisis azucarera que afectó sobremanera a los ingenios tucumanos, aunque tuvo menor repercusión en Jujuy, llevó a la reducción del personal. La posterior recuperación de la producción no implicó la misma tendencia en el empleo, ya que los comienzos de la mecanización de la cosecha mermaron la demanda de mano de obra en el campo. En un volumen mucho menos notorio, también el personal de fábrica tendió a disminuir.
      A partir de allí se cerró el ciclo de la gran inmigración a los valles subtropicales y, paralelamente, se desaceleraba el notorio incremento demográfico. Si bien la región en su conjunto mostraba una desaceleración, en  las ciudades se producía un proceso inverso. La mano de obra desplazada de los ingenios se concentraba en las respectivas cabeceras departamentales: San Pedro y Libertador General San Martín. Entre 1970 y 1980 esta última ciudad duplicó su población, activada por la instalación, en 1965, de la planta elaboradora de papel del ingenio Ledesma.
      La década de 1960 significó un punto de inflexión en el desarrollo azucarero, con grandes consecuencias sobre la región. Por una parte, marcó el comienzo de una etapa de contracción del empleo, por otra, se abrió una gran brecha entre la empresa Ledesma, que logró fortalecerse, y los otros dos ingenios, que en la década siguiente entraron en crisis.
      En los años de dictadura, inaugurados en 1976, el poderío económico se aunó al político en Ledesma, allí, tras el llamado “apagón”, fue acallada toda organización gremial y social que pudiera contener manifestaciones críticas. En cambio, para La Esperanza, el período significó su quiebra, provocando gran desempleo. La crisis volvió a hacerse sentir desde 1990, especialmente en el departamento de San Pedro. Los ingenios La Esperanza y Río Grande (La Mendieta), no pudieron competir en el nuevo modelo, llevando al primero de ellos a una nueva quiebra en el año 2000.
En 1994, el 58% del valor de la producción manufacturera de la provincia era aportado por el azúcar, mientras que la caña continuaba siendo el cultivo dominante, con unas 52 mil has. Sin embargo, la tendencia a absorber cada vez menos trabajadores por parte de Ledesma, la debilidad de La Esperanza y La Mendieta, evidencia la crisis del modelo. Asociada desde el siglo XIX al azúcar, la región y la provincia acompañó los vaivenes de la agroindustria. Hoy, se debate en la búsqueda de alternativas que le permita reducir sus extendidos y convulsivos bolsones de pobreza.

*Doctora en Historia. CONICET-UNJu.