En un principio, es necesario destacar que hoy el concepto de libertad de expresión está restringido por reglas económicas que limitan la capacidad de los grupos sociales de tener expresión. Este no es un punto menor si recordamos que, en Democracia, todas las personas tienen derecho a decir lo que quieran a expresarse sin intervención del Estado. Esta idea central se complementa con el concepto del derecho ciudadano a la comunicación, en donde el Estado está presente a través de acciones positivas.

      Sabemos que todo grupo social tiene algo para decir y, es el Estado quien debe garantizar que cuente con canales para hacerlo efectivo ya que la comunicación es inherente a ese colectivo.
Que algo sea de interés público, significa que afecta a la sociedad en su conjunto más que a sus individuos, trasciende los intereses individuales. En este punto está el origen de las políticas de comunicación.
      A su vez, los medios masivos de comunicación están regidos por políticas de comunicación (incluso, podemos afirmar que la “falta” de política en este tema es ya una política en sí misma, claramente intencional) que definen qué es de interés público. Este es definido por la interacción de tres fuerzas:

Sociedad civil: se organiza y se expresa a través de ONG sin fines comerciales.  Grupos económicos involucrados directamente
     Estado: como garante del derecho a la información, derecho intrínseco a la     ciudadanía

      Considero que en esta tríada cada espacio tiene sus límites y funciones pero, a veces, poco claros y difusos. Lo que sí es claro es que en la práctica, unos tienen más preponderancia que otros.
Estas fuerzas son dispares entre sí y, de acuerdo a Van Cuilemburg y McQuail (2005), “en la organización de los sistemas de medios, mientras los gobiernos y el sector empresarial se involucraron en la definición de políticas, la sociedad civil tuvo un protagonismo mucho menor” .
      A todos y cada uno de los ciudadanos de un Estado democrático podemos ubicar en alguno de estos tres vértices, puede ocurrir que en varios a la vez pero, jamás, que no se esté en ninguno ya que, por el sólo hecho de ser ciudadano se cuenta con el derecho humano de la comunicación. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Mastrini cuando afirma que “el colectivo Intervozes parte de conceptualizar la comunicación como un derecho humano, y señala que un sistema verdaderamente público es una de las herramientas principales para la garantía de dicho derecho” .

Algunos interrogantes: ¿Pereza participativa o simple desconocimiento?
      La importancia y la fuerza de “hacer público” algo es un derecho que pareciera no existir porque no se conoce o no se sabe que este derecho es inherente a la sociedad civil.
Existe una gran demanda social de necesidad de la palabra pública y, para ello, la sociedad civil debe contar con canales que vehiculicen sus intereses, sus voces.
      Podemos afirmar que en los últimos años en Argentina parece existir una mayor comprensión de la importancia de la incidencia ciudadana en la organización de los medios. Sin embargo, en la tríada planteada (Estado, Empresas y Sociedad Civil), sigue siendo la sociedad civil la de menor injerencia y participación. El gran interrogante que se desprende de esta afirmación es que la gente no sabe, no conoce o no es consiente de sus derechos? O no los ejerce por pereza participativa?
      Pareciera ser que la gente no sabe que los medios de comunicación se rigen por un principio de servicio público que les hace de marco para su actuar y desenvolvimiento en la esfera pública por donde circulan sus contenidos. Es oportuno citar a Gaëtan Tremblay, quien afirma que “El servicio público es una actividad considerada de interés general para la comunidad y como tal reconocida por el Estado. Dicha actividad no puede abandonarse absolutamente a la actividad privada y las leyes del mercado y por lo tanto el Estado asume su responsabilidad y su control sometiéndolo si fuera necesario a un régimen jurídico especial” .
      Hay una clara falta de política de comunicación que permite a los medios ir hacia donde son más rentables. El Estado tendría que plantear políticas públicas en este sentido que compense al mercado y, la gente en general tendría que interesarse más por este tema que, aunque no pareciera y quizás ni lo sospechara, es un tema que atraviesa sus vidas todo el tiempo ya que los medios tienen el inmenso poder de establecer agenda de temas, de construir en gran medida la percepción de realidad que tenemos, entre otros.
      Pareciera que la gente asume naturalmente a los medios de comunicación como un negocio más, con propietarios y necesidad de solvencia económica, desconociendo que sus derechos caen al vacío si no se tiene en cuenta y se les exige como portadores de derechos de libertad de expresión que necesitan de los medios como servicios públicos cuyo fin es reflejar el interés público.
Es oportuno citar a Mastrini cuando afirma que “las políticas de comunicación del siglo XXI han estado mayoritariamente orientadas por criterios de mercado, que ha trascendido las fronteras nacionales y dado lugar a incipientes formas de gobernanza global de medios” , predominando los intereses económicos por sobre el interés público. El Estado juega un rol fundamental ya que es quien debe intervenir en estas relaciones para equilibrar y para hacer cumplir los principios de accesibilidad de la ciudadanía a los medios y participación.        

      Esto ya fue planteado por Pasquali (1991) cuando plantea que los servicios públicos deberían “basarse en una doble independencia: económica y política:

• La independencia económica remite a que los criterios de programación no queden sometidos a una lógica puramente comercial, como ocurre en la mayoría de las televisiones latinoamericanas que basan sus ingresos en la publicidad. Esto no supone olvidar que hay una economía de la radiodifusión, pero sí que no puede ser el único criterio organizativo.
• La independencia política refiere a que el servicio público no debe depender del gobierno, para que el servicio público no termine siendo radiodifusión oficialista. Desde la óptica de Pasquali resulta fundamental que haya una fuerte identidad entre la sociedad y las emisoras de servicio público, y para ello es fundamental que no quede absorbida por la esfera gubernamental” .

      En América latina existen casos de medios estatales pero que están legitimados por el uso que hacen los gobiernos, destinándolos casi exclusivamente para difundir los actos de gobierno y sus discursos. Esto generó desconfianza en la administración de contenidos que hace el Estado sobre los medios, lo que plantea “de suma importancia contar con una activa participación de la sociedad civil en la tarea de legitimar los servicios públicos y en dotarlos de la arquitectura institucional que los transforme en representantes de las inquietudes y necesidades del conjunto de la población, con independencia política de los gobiernos e independencia económica del mercado”

Nueva ley de medios, una luz al final del túnel
      La analogía del momento que estamos transitando en materia de medios tiene varios puntos en común con el túnel. Mientras estamos en el túnel, vamos transitando un camino por otros trazado, sin posibilidad de salirnos de él, sin posibilidad de ver si hay algo alrededor. La luz al final del túnel es la cantidad de posibilidades que permite la nueva ley para una sociedad democrática, cuya sociedad civil la demanda y la necesita para hacerse escuchar, para ejercer su ciudadanía con participación.
      Sabemos que las audiencias prefieren los contenidos locales pero tienen costos muy altos de rentabilidad, por lo tanto, es casi siempre descartado por los medios. Con la nueva ley, podemos afirmar que se cuenta con una política pública que acompaña a esta necesidad, obligando a los medios a contener mucho contenido local y de gran diversidad. De esta manera, la nueva ley de medios cambió las condiciones de posibilidad que veremos concretarse con el correr del tiempo.
      El camino está marcado y lo estamos transitando. Estamos llegando al final del túnel, nos damos cuenta porque se ve luz y apertura, reglas de juego y delimitación de roles de cada actor (Estado, Empresas y Sociedad Civil). Avizoramos optimistamente que se está generando una ciudadanía comunicacional, donde la gente puede entender que nada es casualidad, que los medios y lo que transmiten implican políticas.
      Por ejemplo, la exigencia y apoyo a la nueva ley de medios (26.522/09), clamada por las mayorías, era una necesidad y un síntoma/ signo que deja ver a una sociedad argentina más madura (como sociedad civil) que pasó y procesó los daños de gobiernos dictadores, de democracias nacientes con ciclos económicos devastadores.
      Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que este proceso que culminó con la aprobación de la ley de medios 26.522/09 no es algo atribuible al gobierno kirchnerista ya que, al margen de que éste gobierno apoyara el proyecto (por cuestiones mas personales que de origen de bien público), fuera cual fuera el gobierno de turno, la ley 26.522/09 en Argentina era ineludible e inevitable en los tiempos que corren, con la cultura y los saberes de la ciudadanía que se muestra más activa y políticamente comprometida. Quizás la explicación está en entender que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, que estos últimos deben representar al bien común y que, sin control por parte de la sociedad civil, se favorece a la corrupción y al gobierno de pocos, para pocos, con lo de todos.
      Tomando palabras de Van Cuilemburg y McQuail , “el espíritu general de época estaba favorablemente predispuesto al cambio progresivo”, la nueva ley de medios pudo darse por muchos factores, entre ellos, la madurez de la sociedad civil de peticionar con fuerza para hacer valer sus derechos de libre expresión y de comunicación.
      Cuando hablamos de espíritu general de época, no podemos dejar de lado la gran implicancia que tuvo internet –como ventana al mundo- en la exacerbación de la participación y expresión de la ciudadanía.
      El sorprendente y creciente interés de la gente en el tema de medios (por ejemplo, cuando se trataba la nueva ley de medios) fue fogoneado por la posibilidad de acceso que brinda el mundo digital, como ventana al mundo y a infinitas voces. Este interés dejó brotar (preparó el campo para que germinen las ganas de participar, de hacerse ver) el genuino interés del ser humano de estar informado por diversidad de voces, por descubrir lo que tiene de hegemónico el discurso de los medios monopólicos en la construcción de la realidad.
      Internet, en términos de capacidad informativa, desafía el planteo de que el mercado define a los medios indefectiblemente. Internet permite la autocomunicación ya que se comunican a sí mismos pero potencialmente es una comunicación de masas. Al respecto Mastrini afirma que “los procesos de digitalización han generado un entorno de sobreabundancia de recursos de comunicación”
      A esta altura nadie podría poner en discusión que para el ejercicio de la Democracia, se necesita de la participación de la sociedad civil, de un Estado que sostenga un modelo de comunicación que contemple la diversidad, la ciudadanía y la participación; todas cuestiones que lo legitiman, y de empresas de medios que sepan interpretar el interés público en sus contenidos.