Víctor Galarza, Defensor de Pueblo de Jujuy, estuvo en la radio hablando de los aumentos en las facturas del gas,  del “negocio” de las fotomultas en todo el país, y de las estafas con DNI. “Todavía pueden perjudicarnos más si se concreta el aumento tarifario para el gas, retroactivo al mes de agosto del 2008”, fue una de las frases más destacadas.

-¿Qué está pasando con los aumentos en las facturas de gas en Jujuy?
-Galarza: El tema del gas está afectando a los usuarios residenciales producto de un error de análisis desde Buenos Aires, donde creen que el gas se utiliza sólo para calefacción, y como piensan que acá no hace tanto frío como en el sur del país, el techo calculado es de 800 metros cúbicos de consumo anual. Esto significa que un usuario puede consumir  por mes 66 metros cúbicos y si pasa ese tope tiene ya el cargo tarifario producto del decreto 2067, que da 1800 metros cúbicos anuales a Cuyo, mientras que al centro del país le otorgan 14 mil. 

- ¿Cuál es la finalidad de este decreto nacional, es para realizar obras?
-Se aplica para conformar un fondo fiduciario para futuras importaciones de gas y no para obras aunque ahora digan otra cosa. Nosotros ya hemos hecho el reclamo administrativo y estamos ahora en la justicia, la otra herramienta de reclamo es el Senado, a través de un decreto que haga caer al anterior.

-¿Cuánto gas se consume por día normalmente?
-Menos de 800 metros cúbicos consume una persona que vive sola; una familia tipo que cocina todos los días sobrepasa ese consumo mensual. Tenemos el caso de una persona sola con tres hijos que hace empanadas los fines de semana para vivir porque depende únicamente de un Plan y, obviamente, supera ese techo: de $ 80 que pagaba pasó a $ 600, lo que obviamente no puede pagar. Este caso fue presentado como testigo junto a la demanda judicial. El juez con todo criterio ordena a través de una medida cautelar que no se corte el servicio de manera transitoria ante la falta de pago.

-Pero en algún momento tiene que pagar.
-Esta medida del juez obviamente es para la persona que no puede pagar, ahora la reconexión le va a salir más cara que la factura. Pero para las personas que demuestren la imposibilidad de pago será gratuita. En cuanto al saldo que se va acumulando es el juez el que debe determinar si es o no inconstitucional; estamos a la espera de la decisión de la justicia si acepta o no  la presentación del amparo. En todo el país todas las medidas que han salido -la última es del municipio de Escobar- fueron el no corte de servicio, pero nadie se decidió por la medida de fondo que es el amparo. Estamos más avanzados porque hasta ahora ninguna provincia se decidió a presentar un amparo para hacer caer este decreto. 

-¿Dónde se define esta situación judicial y que tiempo lleva?
-En Salta, la Cámara de Apelaciones coincide con la decisión de la justicia jujeña en el no corte del servicio pero ahora falta definir el tema de fondo para resolver este saldo que va quedando si el juez da una solución a favor nuestro obviamente no se pagara el saldo, pero de no hacer así recurriremos nuevamente apelaremos a la Cámara y luego iremos a la Corte Federal,  la gente tiene que saber que va a ser un tiempo largo de discusiones y presentaciones pero con posibilidades ciertas, ya que es realmente injusto lo que está sucediendo. 

-¿Puede agravarse aún más esta situación?
-Sí, cuando se apliquen otros decretos, todas las concesiones de las privatizaciones de servicios públicos tienen un marco regulatorio donde hay leyes que establecen que para modificar el marco tarifario hay una serie de procedimientos, por ejemplo la audiencia pública. En el caso del gas el aumento estaba parado resultado de una audiencia pública realizada en Salta en el 2008. Las empresas concesionarias reclaman luego que esta medida las perjudica y reclaman el aumento, logrando la firma de una Carta Intención también en el 2008. Ahora el Ejecutivo firma otro decreto, el 246/09, donde aprueba esta Carta Intención, además establece en un anexo conceder el aumento y hacerlo retroactivo al mes de agosto del 2008. Esto es ilegítimo, lesiona los derechos del usuario colocándolo en una situación de inseguridad jurídica ya que nunca se va a ver liberado del pago del servicio. Estamos estudiando con nuestro equipo jurídico este decreto que aún no ha sido implementado porque seguramente se hará vía ENARGAS a través de resoluciones, como se hizo con el decreto 2067 o el 1451 o la resolución 563, y podría venir ya con la tarifa del gas, sumado a lo que ya tenemos, que son los cargos aplicados por el decreto 2067. 

-Otra de las denuncias sobre las que están trabajando tiene que ver con casos de estafas a través del uso de los documentos de identidad.
-Este es un tema que ya está en manos de la justicia y tiene que ver con una investigación iniciada hace tres meses, producto de una serie de denuncias. La gente tiene que saber que debe desconfiar cuando le hacen ofrecimientos de tramitaciones fáciles y gratuitas, en este caso ofrecían hacer las gestiones necesarias de manera gratuita para obtener un subsidio de 200 pesos en otra provincia, para esto debían entregar su DNI. Muchas veces la gestora o gestor eran conocidos y entonces les entregaban la documentación de ambos cónyuges.

-¿Buscaron colaboración en otras provincias?
-Así es. Tuvimos que buscar asesores en las provincias involucradas y encontramos una asociación ilícita integrada por individuos jujeños y cordobeses que trabajaban para un intendente de esa provincia con ambiciones políticas, quien presentaba los documentos y avalaba que trabajaban en su comuna y pertenecían a una mutual. A partir de esto gestionaban para cada persona un crédito por 20.000 pesos, incluso los damnificados figuraban en las entidades bancarias con domicilio en Córdoba. Los documentos volvían a sus propietarios a los quince días con el pago de 200 pesos por única vez. Luego, al año o pasados unos meses se encontraban con que están afectados en el Veraz, donde figuran en la máxima categoría de deudores, la 5, pero nunca se habían enterado que tenían una deuda con determinado banco de Córdoba, que tiene sucursales en nuestra provincia. El supuesto subsidio se entrega sin papeles; es una historia bastante difícil.

-¿Y qué hizo la Defensoría?
-Elevamos la denuncia a la Justicia y estamos gestionando la forma de presentarnos como querellantes en la provincia de Córdoba, ya que las personas afectadas carecen de medios para hacerlo. 

-Otro tema preocupante es el de las fotomultas en rutas nacionales.
-Hace tres años que luchamos con esta situación con casos en otras provincias, donde se fueron levantando porque estas multas no cumplen con el objetivo que dicen tener que es la prevención: el proceso administrativo no es el adecuado ya que nadie para al supuesto infractor, que podría incluso provocar un accidente, comete un delito y sigue tranquilamente en la ruta. El sentido es únicamente recaudatorio.

-¿Cómo se explica?
-Porque ae trata de un sistema donde un estudio jurídico de otra provincia firma convenios con municipalidades y comisiones municipales. El estudio se lleva el 80% del cobro de las multas y el organismo oficial el 20%. Actualmente, en Jujuy firmaron este acuerdo un municipio y cuatro comisiones  municipales. Estamos en una etapa investigativa, se están haciendo actas en distintos lugares para emitir las resoluciones correspondientes y si esto sigue, recurriremos a la Justicia ya que el órgano de aplicación en las rutas nacionales es la Gendarmería Nacional por lo que también emitimos un pedido de informes, además vamos a ir al Tribunal de Cuentas para conocer la recaudaciones de estas municipalidades.