Hay unas 100 mil personas entre desempleados y beneficiarios de programas sociales, lo que representa casi la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA). Sus ingresos los califican como pobres, resultando una proporción cercana al 40 % de la población que vive en pobreza estructural, cuyos hijos tampoco tendrán oportunidad de salir de esta situación porque no podrán acceder a alimentación, educación, vivienda ni servicios de salud adecuados. Cada año la PEA se incrementa unas 2,5 mil personas a los que se suman otras tantas que inmigran desde Bolivia. Por lo tanto, para que la situación actual no empeore, tendríamos que generar unos 5 mil puestos de trabajo por año. Si nos propusiésemos además resolver el problema estructural en quince años, sería necesario crear otros 6,5 miles de empleos por año. Es decir que un plan de largo plazo deberá lograr inversiones genuinas y sostenibles suficientes para que se produzcan por año unos 11,5 mil nuevos puestos de trabajo. Nada sencillo.
      Actualmente, entre los 50 mil empleados públicos y 80 mil planes sociales y bolsones de comida, el Estado mantiene el 50 % de los jujeños. De los otros ciento y pocos miles que trabajan en el sector privado, el 70% está en negro. Los impuestos recaudados por el fisco provincial son insuficientes para cubrir los baches financieros que impone el gobierno nacional, así que con frecuencia creciente, desde hace dos décadas los gremios estatales paralizan los diferentes sectores de la administración pública, cortan puentes, calles y rutas, a consecuencia de lo cual tenemos una educación mediocre, una salud pública insuficiente, pérdidas en los negocios privados, expulsión de turistas y un malestar generalizado en la población. Lo peor es que parece no haber un plan para ir resolviendo el fondo de estas cuestiones, sino más bien prevalece la actitud de tratar cada situación cuando se presenta, sin un programa de acciones que permitan ir saliendo paulatinamente de esta decadencia creciente.
      El problema se hizo tan grande que parece imposible de resolver. Surgen entonces las soluciones autoritarias que exigen mano dura, o las facilistas que proponen cobrar más impuestos a las cinco empresas grandes radicadas en la provincia. A todas luces son propuestas de patas cortas porque, aunque se pusiesen en práctica, no resolverían el problema de fondo ni podrían sostenerse en el tiempo. Entonces cabe la pregunta ¿Jujuy tiene solución, o es una provincia inviable?
      De las 5 millones trecientas mil hectáreas que forman nuestra provincia, sólo 250 mil están en producción. El POT (Programa de Ordenamiento Territorial) indica aptas para agricultura otras 150 mil, siempre que las dotemos de agua para riego y los inversores propongan un plan sostenible que las autoridades puedan aprobar. Si les sumamos 700 mil potencialmente aptas para manejo de bosques, previo estudio de impacto y autorizaciones correspondientes, estamos hablando de un total de un millón 100 mil hectáreas para producción. No es poco. Se abre allí una enorme oportunidad de desarrollo agropecuario perfectamente compatible con la preservación del medio ambiente. A las producciones actuales podríamos sumar carnes, frutales y maderas para crear unos 30 ó 40 mil puestos de trabajo genuino, con un notable incremento en el ingreso por persona. Y si fuésemos capaces de agregar valor a estas producciones, seguramente el número de puestos de trabajo crecería significativamente.
      Sumando los parques nacionales, reservas provinciales y áreas protegidas localizadas en nuestro territorio, encontramos con sorpresa que Jujuy protege nada menos que UN TERCIO de su superficie. Es caso único en la Argentina. Teniendo en cuenta que los recursos naturales, directa o indirectamente, son patrimonio de todos los habitantes, decidir que un tercio de los mismos se preserve para las generaciones futuras, implica un gigantesco esfuerzo y una fuerte vocación de mantener una relación amigable con el medio ambiente. Porque desarrollarse haciendo uso indiscriminado de los recursos naturales es mucho más fácil que hacerlo preservando el medio ambiente. Ese es el desafío que hemos aceptado los jujeños. 
 
      Es preciso difundir estos datos no sólo porque reservar estos espacios tiene un costo económico y social, sino porque esta decisión abre una oportunidad extraordinaria para desarrollarnos de manera sostenible. El mundo busca y espera este tipo de actitudes, y si sabemos mostrarla, seguramente mucha gente querrá conocer y apreciar las bellezas naturales, la diversidad biológica y la riqueza cultural de los pueblos que viven en Jujuy.
      El turismo hoy emplea a más de 15 mil personas en forma directa e indirecta e impacta en más del 7 % del PBG, es decir, se ha transformado en una de las actividades emergentes. Con el agregado positivo que su crecimiento se basa en un gran número de pequeños establecimientos, lo que significa muchos inversores locales, mayor captación de empleo autóctono y, sobre todo, que los ingresos se reparten en muchas manos locales. Fomentar este tipo de turismo, poniendo énfasis en la vocación preservadora de Jujuy, seguramente redundará en más inversiones, mayores ingresos y numerosos puestos de trabajo nuevos.
      Otro sector que tiene grandes potencialidades es el minero, que aunque ahora soporta los embates de los ambientalistas ultras, sigue y seguirá siendo una de las actividades tradicionales que más puestos de trabajo y recursos dejan en nuestra Puna. Es que no hay fundamentos valederos para oponerse ya que el tema del impacto ambiental debe ser puesto en su verdadera dimensión: de las 2,5 millones de hectáreas de ese territorio, ni siquiera 10 mil han sido afectadas. Si pensamos en las áreas cubiertas por ciudades y pueblos, rutas, FFCC, líneas eléctricas y otras obras de infraestructura imprescindibles para la vida humana, el impacto de la minería es insignificante. La contaminación de aguas superficiales o subterráneas es una cuestión de tecnología aplicada y de control efectivo. No vaya a ser que después pase como con los ambientalistas de Gualeguaychú que hace dos años cortan el puente, pero no fueron capaces de controlar que el gobierno argentino tome muestras de los efluentes de Botnia para verificar si realmente contamina. Lo interesante en este caso no son sólo las empresas mineras extractivas, sino la posibilidad de agregar valor localmente, como hace Minera Aguilar, y desarrollar la cadena de proveedores que permita que pymes jujeñas vendan servicios y bienes, generando empleo y movilizando mayor cantidad de recursos dentro de la provincia. Un buen ejemplo es el desarrollo económico y social logrado con la implementación del Cluster Minero de Antofagasta, que aprovechó el impulso de la gran minería para crear y consolidar miles de pymes proveedoras locales.
      Si desde el gobierno se generase una política con un criterio semejante aplicado a las otras ramas de la industria jujeña, seguramente estaríamos también frente a un proceso de expansión en el número, facturación y empleos de las pymes proveedoras locales. El efecto positivo que produce esta visión sistémica de las actividades económicas, multiplica los puestos de trabajo porque moviliza la economía a nivel de comercios de barrio, microempresas de bienes y servicios, inversiones inmobiliarias, capacitación, servicios de salud, etc. Realmente penetra hasta la médula del tejido social y lo moviliza positivamente.
      Otra fuente de oportunidades son los corredores viales por el paso de Jama y la Ruta Nacional 9, ambos hoy en pleno desarrollo. La cantidad de vehículos pesados que cruza desde y hacia Chile se incrementa alrededor de un 20 % anual, demandando todos los servicios que hoy no se prestan y que pueden ser una oportunidad de negocios. Para que esto se materialice es necesario avanzar en la consolidación de la Zona Aduanera Primaria de Palpalá, creando las condiciones para que los inversores aparezcan. Este sector es propicio para la creación de muchas empresas pequeñas que se especialicen en las actividades propias de una plataforma logística que serviría indistintamente a ambos corredores.