“Hay una  corporación de políticos que quieren defender la facultad de designar y remover  jueces y funcionarios para acomodar al hijo, a la hija, al amigo, para  beneficiar al partido y de eso tenemos pruebas concretas. Nosotros queremos  evitar ese tipo de corporación y alejar la justicia de la política”, una de las  varias concluyentes definiciones que dejó en la radio el presidente del Colegio  de Abogados, Mario Mallagray, a propósito de los malhumores que suscitan por  estos días los cuestionamientos al sistema judicial argentino y la movida que,  empezando por reformar las normas de selección, designación y remoción de  jueces, ya es una fuerte corriente de opinión fuera y dentro de los tribunales.  La eventual reforma constitucional en Jujuy, en la que según anticipó, los  abogados tienen varias cosas para decir; la urticante cuestión de los derechos  a un medio ambiente sano en conflicto con la generación de empleo y los  problemas de una estructura estatal que, como se ha visto con la crisis del  agua en Jujuy, dejan muchas dudas sobre las causas de lo que pasó, completan  los temas de una entrevista, definitivamente, sin desperdicio.

“Desde el Colegio hemos  asumido una actitud comprometida, no desde lo político pero sí desde lo social,  como institución intermedia. Desde al año pasado estamos en esta misma tónica y  por dar un ejemplo, para conmemorar los 30 años del Golpe Militar -una fecha  que nos deja mucha tristeza- se organizó un mega seminario sobre Derechos  Humanos, un tema muy comprometido porque no sólo hemos hecho un panel sobre  Memoria, Verdad y Justicia para recordar esos años de plomo, sino también  organizamos un panel para mirar hacia el futuro, sobre la independencia del  Poder Judicial, para que esos hechos que han ocurrido en el pasado con una  correcta actuación de la   Justicia, en el futuro no se repitan. También hemos tenido un  panel de lujo, donde ha disertado el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, haciendo referencia  a los treinta años posteriores al 24 de marzo de 1976, o sea, cómo evolucionó  la sociedad argentina desde marzo de 1976 hacia delante, concretamente desde el  plano jurídico; una serie de errores legislativos que cometió el país -tal vez  apremiado por las circunstancias del momento- hasta llegar a lo que es la  visión del problema hoy, donde la   Corte ha decretado la nulidad de las Leyes de Obediencia  Debida y Punto Final. Hay una ley del Congreso Nacional también y se está  abriendo en la justicia una brecha que nos puede llevar a la solución final del  problema con el juzgamiento de él o los presuntos responsables. Y el tema de  los indultos está en reconsideración, por el momento.

-Muchísimo interés. Tan es así que el Salón de la UCSE, que es muy grande,  estaba totalmente desbordado y tuvimos gran aceptación también por parte de los  medios. Realmente la calidad de los disertantes ameritaba con creces el éxito  que hemos tenido, porque han venido consejeros de la Magistratura de la Nación para abordar la  temática de la nueva ley de la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, el ya mencionado  subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, un procurador general de la Nación, especialistas en  Derecho Ambiental de la   Defensoría del Pueblo de la Nación. Hemos traído  unos diez disertantes de primerísimo nivel.

Una oyente pide tu opinión sobre las  livianas sentencias que se les suele dar a quienes matan gente por exceso de  velocidad o por no respetar las normas de tránsito.

-Tengo sobre eso una visión muy particular: para mí no hay diferencia  alguna entre quien mata con un automóvil y quien mata con un revólver. Es una  opinión que no la comparte la mayoría de la Doctrina Penal.  Para mí este tipo de eventos, corriendo carreras o haciendo picadas, alguien  que atropella a una persona y todavía comete el delito de abandono de persona,  tiene que tener al menos la pena de un dolo virtual, como mínimo ocho años de  prisión. La mayoría de la   Doctrina Penalista se inclina por considerar estos casos como  si fueran homicidio culposo, lo que no comparto y que espero que cambie la  forma en qué se encara el tema.

Habría que cambiar la legislación?

-Es probable. O tal vez, dentro de las leyes existentes, habrá que ser  más riguroso porque hay algunos jueces que se están inclinando por esta opinión  que es, en estos momentos absolutamente minoritaria, pero de todas maneras se  está abriendo un carril para endurecer las penas dentro del sistema penal  actual.

¿Qué se trató en materia de Derecho  Ambiental?

-Dentro del seminario que hicimos sobre Derechos Humanos, se trató un  caso relacionado con el Derecho Ambiental en la Provincia de Jujuy, que es  el de la Empresa   Ledesma. La bagazosis que produce, como su nombre lo indica,  el tratamiento del bagazo. Al margen de que en una primera instancia un amparo  ambiental que ha promovido una organización no gubernamental no ha prosperado,  es bueno -yo diría que es excelente- instalar el tema en la sociedad para que  se tome conciencia de la importancia del Derecho Ambiental y que nosotros, como  ciudadanos y no solamente como abogados de las víctimas, exijamos que ese daño  ambiental sea el menor posible y que el Estado exija el cumplimiento de las  normativas vigentes del ministerio de Salud de la Nación relacionadas con los  procesos de producción o fabricación.</p>

Considerando la defensa de lo ambiental de  pronto un político o un funcionario dice: pero tampoco le podemos poner muchos  reparos porque hay tanto desempleo y la empresa X está dando trabajo...

-Es un argumento muy malo. Muchos sostienen que es un lujo que  solamente se dan los países ricos, esto de respetar el derecho ambiental o tal  vez que los países ricos hacen procesos industriales en países pobres como los  nuestros, que las normativas medioambientales no les permiten en sus propios  países. Nosotros debemos hacer respetar el Medio Ambiente porque está bien;  somos pobre y necesitamos inversiones, pero tampoco debemos tomar cualquier  cosa, porque hay procesos industriales que son terriblemente insalubres, muy  dañinos para el cuerpo humano, productores de enfermedades como el cáncer y de  otras de las más terribles.

Desde el Derecho Ambiental, ¿cómo ves el  conflicto por las papeleras que nos enfrenta con Uruguay?

-Mi visión como ciudadano común  es que por un lado, no estamos hablando de fábricas productoras de papel, sino  de pasteras, o sea fábricas que producen pasta de celulosa, que es la parte más  nociva y dañina del proceso industrial del papel. En Europa no elaboran la  pasta de celulosa, la mandan a producir en Sudamérica. En Europa, se hace pasta  de celulosa en Galicia pero la ya tratada se vende en Alemania, donde se  produce el papel. Se ve claramente como también allá hay países y regiones de  primera y hay países y regiones de segunda. Entonces, este tipo de  emprendimientos productivos se dan en regiones muy necesitadas de inversiones y  también donde por esa misma razón los requerimientos de empleo y la pobreza son  tan grandes, hacen como se dice la vista gorda sobre estas cuestiones. Ahora,  realmente es curioso que si nuestro presidente le ha ofrecido al presidente  uruguayo hacerse cargo de la nómina salarial de los empleados de la empresa  Botnia, de manera que las personas que trabajan no sufrirían daño económico  alguno, mientras se hiciera un estudio de impacto ambiental, suena sospechoso,  que no se quiera hacer ese estudio. Ellos sostienen que van a aplicar la mejor  tecnología y que es la que se aplica en la Unión Europea ahora,  lo que no se le dice a la gente es que en el proceso de blanqueo de la pasta  celulósica, se usa cloro, que siempre es muy dañino.

¿Qué hará Argentina con todas las fábricas  de celulosa que hay en distintos lugares?

-Hay normas aprobadas por el ministerio de Salud de la Nación, de blanqueo de la  pasta celulósica. Lo que tiene que hacer el Estado es que el método aprobado  por la Nación   Argentina, como mínimo, se cumpla. El Estado tiene la  obligación de verificar cada planta, llámese Alto Paraná, Ledesma, Celulosa de  Jujuy, Celulosa de Argentina o en cualquier otra..

Entre tantas cosas que se han dicho, es que  lo que pasó con el tema del agua en Jujuy fue que Vialidad no realizó la  inspección de obra que debía hacer cuando se terminó la Multitrocha. Desde  la visión del Derecho ¿cómo se recupera la estructura del Estado, ésta muy  frágil y muy poco creíble estructura?

-Con más derecho, con el funcionamiento del estado de derecho y de las instituciones; en este caso concreto, si algún funcionario incumplió  los deberes a su cargo, llevándolo a la Justicia y que esta actúe y sancione a quien  corresponda y ejerza las medidas ejemplificadoras del caso. Si el Estado erró,  no previno, si omitió, si se excedió, la Justicia como organismo de contralor de los otros  dos poderes, tendrá que poner los reparos que correspondan. O sea que esto no  se soluciona sino con más medicina de la misma que tenemos.

-El Colegio de Abogados ¿fue ya consultado  por el Gobierno, la   Legislatura, los partidos políticos respecto de aquellos  puntos donde debería opinar sobre una eventual reforma de la Constitución?

-Si, consultas hemos tenido en una multiplicidad de oportunidades.  Institucionalmente, el señor gobernador nos mandó una carta de respuesta a un  proyecto de reforma del sistema de selección de funcionarios y magistrados del  Poder Judicial en la que nos dice que es inviable porque para reformar el  sistema de selección, es necesaria la reforma de la Constitución, opinión  que no compartimos de modo alguno.

-¿Por qué?

- Porque hay un montón de provincias que han creado organismos de  selección, como consejos asesores o consejos de la magistratura, a través de  una ley provincial. Pero nosotros como Colegio no nos vamos a meter a opinar  sobre una cuestión de oportunidad. O sea, nosotros no vamos a decir si ya, en  este instante, es necesaria una reforma constitucional, sin perjuicio que  destacamos que muchas cosas deben cambiar, lógicamente ningún texto puede ser  pétreo para toda la vida, pero no nos vamos a expedir sobre la cuestión de la  oportunidad porque si  lo hacemos por una  hipótesis van a decir los otros que estamos a favor del Gobierno, y si nos  expedimos por la otra, van a decir que estamos en contra. Lo que decimos es que  si nuestros legisladores sancionan la ley declarando la necesidad de la  reforma, y los puntos que van a ser objeto de la misma, vamos a opinar, ahí sí,  después de que la ley esté sancionada. Mientras tanto, no.

Sería importante, si se convoca a la Asamblea Constituyente,  que el Colegio haga sus aportes

-Desde ya que en ese caso puntual, después que se sanci0one esa ley,  vamos a opinar principalmente sobre el capitulo del Poder Judicial. Obviamente  también sobre otras cuestiones pero fundamentalmente sobre el capitulo del  Poder Judicial donde tenemos algunas ideas que podrán ser compartidas o no por  nuestros eventuales constituyentes, pero nosotros como Colegio tenemos la  obligación de escuchar y de hacernos escuchar.

¿Cómo avanza esta movida de la Federación Argentina  de Colegios de Abogados respecto a mejorar el funcionamiento de la Justicia en todo el país?

-Es un hecho muy trascendental que los organismos federados que nuclean  a abogados de la matrícula y a jueces hayan hecho un acuerdo y que traten de  impulsar objetivos institucionales, comunes a ambas entidades. Esos objetivos  son la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la independencia del Poder  Judicial, fundamentalmente.

¿Cómo se logra esto?

-Tratando de impulsar en todas las jurisdicciones provinciales  organismos de selección, designación y remoción de jueces y magistrados y que  en esos organismos tengan participación ambos sectores y estén totalmente  alejados de cualquier tinte de naturaleza política. Es esencial para garantizar  la independencia del Poder Judicial. Queremos jueces y magistrados hacia el  futuro y no cada cuatro años o jueces y magistrados teñidos o señalados de  alguna vinculación política con el poder de turno. Jueces que sean inamovibles  en su función, salvo las causales de remoción que establezca la ley especifica  de enjuiciamiento, y no que tengan acuerdos cada cuatro años y que dependa del  gobierno circunstancial que le den el acuerdo o que no le den el acuerdo,. Es  fundamental para la independencia del Poder Judicial que el organismo de selección  y remoción no tenga ninguna vinculación de tinte político.

¿Se podrá avanzar significativamente? ¿Las corporaciones lo  permitirán?

  -A nosotros nos atacan diciendo que defendemos intereses corporativos  no sé de quién, pero eso nos dicen. Ahora, sí yo puedo decir que hay una  corporación de políticos que quieren defender la facultad de designar y remover  jueces y funcionarios para acomodar al hijo, a la hija, al amigo, para  beneficiar al partido, etc. y de eso tenemos pruebas concretas. Queremos evitar  ese tipo de corporación y alejar a la Justicia de la política. Es como dice el dicho:  cuando la política entra por la puerta de los Tribunales, la Justicia sale por la  ventana. Y eso es totalmente cierto. Para que nosotros podamos tener una  justicia independiente, tenemos que tener jueces probos, jueces preparados,  jueces imparciales y para lograr la imparcialidad de los jueces, ellos no  pueden depender del circunstancial resultado electoral que tenga cada cuatro  años el partido de turno.