En esta entrevista con el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, se plantea el momento histórico que vive el país entero respecto a la implementación de la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Educativo, el significado de los cambios en la política educativa para los próximos 50 años y la “estrecha” visión de los gremios.

-¿Cómo se está aplicando la Ley de Financiamiento Educativo en la provincia?
-Esto depende en primer lugar de la reglamentación de la ley que todavía no se ha hecho. Existen aspectos no definidos aún como los montos específicos que van a recibir cada una de las jurisdicciones; al no estar la reglamentación es muy difícil determinarlos. Más allá de esto, la ley es reglamentarista, muy extensa y amplia pero concisa en los once objetivos básicos que fija, dos de ellos a cargo exclusivamente del gobierno nacional, que son los que tienen que ver con la universidad y el nivel terciario; los demás objetivos son muy claros, entre los que se incluye el fortalecimiento de las escuelas técnicas -y por ello una de las discusiones que mantenemos con los gremios es que AMET también quiere sentarse en la mesa de debate para definir cómo se va a aplicar la ley, cómo se va a hacer la reasignación, porque también son docentes, a pesar de que haya una ley específica que atañe a la educación técnica. Es muy importante entender que esta es una ley de financiamiento del sistema educativo, no de los docentes únicamente, esto quiere decir que hay que tener en cuenta las presentaciones de ATE sobre porteros y administrativos, que son parte del sistema educativo.

-¿A qué se refiere cuando indica que se trata de una ley "reglamentarista"?
-Quiere decir que es un instrumento muy claro, con especificaciones particulares como la indicación sobre cómo se hacen los cálculos sobre el PBI. Más allá de esto, quiero también participar en la mesa que trate la reglamentación, porque a pesar de ser muy específica y clara, es necesario que las provincias participemos para poder ver en detalle los aspectos a reglamentar, necesitamos saber cuánto vamos a recibir y en qué destinarlo. También existen otros aspectos, como lo que mencionaba anteriormente sobre porteros y administrativos, por ejemplo. Otra cuestión a tener en cuenta es la fuerte inversión en infraestructura, hay que determinar si es un gasto educativo o no.

-¿Cuál es el tiempo estimado para que se discuta la reglamentación?
-Hay una demora en el ministerio de Educación de la Nación, pero creo que la discusión será muy pronto, ya que todas las jurisdicciones estamos en conflicto con los gremios, que se equivocan en el planteo que están haciendo porque piensan que es una ley para financiarles el bolsillo a ellos y no es así. Además, uno de los objetivos es la erradicación del analfabetismo, para lo cual es necesario aplicar políticas, hacer fuertes inversiones. Nación nos exige un cronograma para ver cómo vamos a cumplir con los objetivos, para esto necesitamos tener más precisiones respecto a los fondos y sus destinos, más allá de la política presupuestaria de la provincia, y de políticas particulares, como la extensión de la escolaridad a los niños de cinco años, el levantamiento de la muestra del EGB, entre otros que requieren de inversión. La otra discusión es que en Jujuy para este año tenemos prevista la inauguración de seis establecimientos educacionales (es histórico, hace 30 años que esto no sucede), ocho salas de nivel inicial, que incluyen cuatro aulas, salón de usos múltiples, la parte destinada a directivos, instalaciones con una inversión aproximada de $600.000.

-¿Qué aspectos están en discusión respecto del Estatuto Docente?
-La discusión se debe hacer en cada jurisdicción en relación al Estatuto particular que rige. El objetivo de los debates al respecto es que la Ley de Financiamiento está por encima de cualquier política fijada con anterioridad por el gobierno nacional o provincial; estamos en un momento histórico, tenemos la oportunidad de hacer los cambios que se necesitan, estamos fijando la política educativa, formando a los docentes, de los próximos 50 años; las decisiones que tomemos en los próximos meses son fundamentales, y no todos toman conciencia de esto. Otro aspecto que es necesario revisar es el de los reemplazos, que constituyen uno de los principales gastos en educación, pero nadie habla de esto. En el año 2005 hubo más de 40.000  horas de reemplazo por encima de lo estipulado, entre lo previsto a principios de año y lo ejecutado. El Régimen de Licencias también debe ser revisado, actualmente un docente, legalmente, puede estar de licencia todo el año con licencia. Incluso en algunos casos con goce de haberes.

-¿Cómo son las discusiones con los gremios?
-Después de las reuniones a nivel nacional entre los distintos sectores, gremios, legisladores, etc., donde todos coincidíamos en la importancia de la educación para el país, parece que a nivel de las jurisdicciones a los gremios sólo les interesa discutir la parte salarial, esto es un error porque es una ley que da previsibilidad para los próximos cuatro años. Este es el momento de hablar del Estatuto Docente, del régimen salarial docente, de reconstruir la pirámide salarial de los docentes, de achicar la brecha entre Primaria y Media. Las decisiones tienen que salir de la mesa de consenso entre el todo el sector gremial docente y el sector político.

-¿Están dadas las condiciones para un debate del tipo que plantea?
-Creo que no, hay dirigentes que no la ven, que siguen mezclando las internas gremiales por sobre los intereses del sector. Lo vemos con el paro en el inicio de las clases. Tuvimos reuniones con los gremios donde hablamos de esto, la semana pasada salimos juntos a hablar de esto y tuvimos un paro sin razón. Se mezcla la proximidad de las internas gremiales y se puede perder la posibilidad de hacer los cambios históricos necesarios. Si yo decidiera, con los gremios, que todo el incremento para este año sea destinado a sueldos, hay que poner la cara y decirles a los 14.000 docentes desocupados que hay en la provincia que el gobierno no va a poder inaugurar 8 escuelas porque no les puedo ofrecer los cargos, no voy a tener con qué pagarles; tiene que haber una relación racional entre lo que se cobre, la capacitación. Una de las posturas del gremio ADEP es la ampliación de tope del porcentaje del 120% de antigüedad, y es al único sector de la administración pública al que se le paga este porcentaje. Sólo piensan en el bolsillo del docente, soy conciente de que hay que recomponer salarios paulatinamente y mi propuesta es hacerlo en el básico para recomponer la pirámide salarial. Hay que tener mucha responsabilidad y los dirigentes se equivocan, una cosa es lo que piensan ellos y otra, los docentes. En Jujuy un docente hace 18 meses cobraba $400, hoy tiene un sueldo de bolsillo garantizado de $890.

-El 40% del monto para el financiamiento lo aporta Nación y el 60% las provincias, ¿qué sucedería en caso de que éstas no pudieran hacer frente al gasto?
-Las proyecciones que se vienen dando indican que las provincias se pueden hacer cargo de esta inversión porque la política económica del presidente Kirchner, con superávit permanente y economía en crecimiento, seguramente va a superar las metas, teniendo en cuenta los montos de recaudación. Si analizamos el Presupuesto 2006 y vemos el incremento en Educación, se puede ver que la estimación está hecha en defecto, es decir, que la estimación presupuestaria a partir de la que se hicieron los cálculos es menor, ya la recaudación de enero la supera. Si esto no sucede y las jurisdicciones no pueden hacer frente a esto, seguramente el gobierno nacional va a colaborar, como siempre lo ha hecho. La Nación garantiza los $740 pesos del piso, y aporta de acuerdo a lo que en cada jurisdicción se cobra, es decir, si en una se paga $200, Nación aporta los $540 restantes.