En una entrevista que dejó definiciones sorprendentes, el presidente de la nueva conducción del Colegio de Abogados, Mario Mallagray, pasó revista a los problemas del Poder Judicial, sentando algunas posiciones alentadoras como la que todos los cargos, deben ser concursados y la de una propuesta para mejorar el proceso de selección de jueces. Levantar el “hachazo” por el desinterés de muchos años en la causa de los Derechos Humanos y la intención de desterrar la corrupción, ayudando a que estos casos lleguen adonde tienen que llegar, son parte de estas ideas sostenedoras de una institución que promete romper la siesta provinciana.

-Da la impresión que en el Jujuy de hoy, el Colegio de Abogados tiene que opinar y participar en más de un tema, aclarar otros, etc..
-Coincido. Esta es una gestión nueva, con gente generacionalmente más joven, roles activos. El Colegio, desde que asumimos nosotros, ha participado en innumerables eventos, hemos tenido reuniones con todo el mundo y creemos que tiene que recuperar espacios que había dejado.

-¿Crees que Jujuy requiere una reforma constitucional profunda?
-En lo inmediato creo que no es imprescindible. A mediano plazo algunas cosas de nuestra Constitución habría que remozar. Ahora, nosotros junto al Colegio de Magistrados, hemos planteado la posibilidad del cambio del sistema de selección de funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Tal vez en un futuro mediato y en una próxima y futura reforma constitucional, habría que tocar en profundidad este aspecto y crear tal vez algún cuerpo como un consejo de la magistratura. En lo inmediato no hace falta tocar nada. El Colegio de Magistrados y nosotros entendemos que creando un consejo asesor, que no será la solución definitiva pero sí un status intermedio, con participación de ambas instituciones, puede intervenir en las ternas de los candidatos. Es el que evaluaría los antecedentes, las oposiciones a los propuestos, establecería puntajes y elaboraría una terna no vinculante; al no serlo no hace falta reformar la Constitución.

-¿Esa terna iría como sugerencia al Poder Ejecutivo?
-No, justamente la idea es que vaya al Superior Tribunal de Justicia, que, fundamentándolo, podría apartarse del orden de prelación que haya fijado el consejo asesor.

-¿Qué consenso tiene el proyecto?
-Lo entregamos en el Superior Tribunal de Justicia; también al gobernador, quien nos prometió que lo va a estudiar y asimismo lo remitirá a su Fiscal de Estado, a sus asesores, para que estudien su viabilidad. En un principio, Fellner manifestó que le gustaba. Tal vez habría que enriquecerlo desde distintas instituciones. Por otro lado en estos momentos estamos padeciendo un problema gravísimo en el Poder Judicial, porque hay muchas vacantes que no se cubren y al no cubrirse, están ocupadas por funcionarios ad-hoc que no pueden atender, simultáneamente, su función y la que le han asignado. Es imprescindible y urgente que todas las vacantes se cubran cuanto antes porque se resiente la administración de justicia.

-Otro tema del que se habla siempre y este año reavivó con el juicio de la Municipalidad de Palpalá a Agua de los Andes es el de los honorarios en los juicios al Estado ¿Cuál es tu visión?
-Es un tema muy complejo porque se mezclan cuestiones de naturaleza política en las que el Colegio no puede ni debe entrar. Tratamos de defender la Ley de Aranceles, que no es para nada de privilegio; es similar a las existentes en todas las provincias del país y también en la Nación. Tiene un colchón de aire intermedio muy amplio que debidamente aplicado por el magistrado no debería dar lugar a ningún tipo de discusión ni problema. Al margen, y para el supuesto que la aplicación fría de la ley diera lugar en un caso puntual, a alguna sensación de injusticia o de falta de equilibrio, los magistrados pueden apartarse de la ley provincial y aplicar el artículo 1627 del Código Civil, al  que prácticamente nadie ha mencionado en la cuestión.

-¿Por qué?
-Porque el Contrato de Mandato, le permite al magistrado regular honorarios desde la equidad, cuando estos supuestos puntuales nos pueden llevar a situaciones de injusticia. El tema es muy delicado porque los honorarios de los procesos también dependen de la responsabilidad de cada uno en los pleitos. Yo siempre digo que paga con maníes y te atenderán como monos. No es lo mismo firmar el balance general de un quiosco que el de la empresa Ledesma; la responsabilidad es totalmente distinta. No es lo mismo contestar una demanda en un juicio por poco dinero, por más respetable que sea, que determinar los intereses de un juicio de una cuantía importante.

-De todas maneras, hay un concepto general de que los abogados cobran demasiado...
-La gente confunde Municipalidad de Palpalá-Agua de los Andes con la generalidad. Los honorarios de los abogados no son en todos los juicios de cifras tan importantes. Es más; es absolutamente excepcional porque siempre que hablamos de la interpretación o de la aplicación de la Ley de Aranceles de Jujuy estamos hablando de algún caso muy puntual, cuando el 99 por ciento de los supuestos, no son así para nada. En estos momentos, el caso está en análisis del Superior Tribunal de Justicia y en vía recursiva. Una vez que salga la sentencia, se podrá hacer la evaluación correspondiente.

-¿Se podrán corregir las distorsiones?
-En el Colegio y desde que yo asumí, estamos siguiendo muy de cerca todos y cada uno de estos procesos. En nuestra Secretaría Letrada los tenemos a todos fotocopiados y estamos haciendo un seguimiento y análisis muy de cerca.

-¿Funciona el Tribunal de Ética?
-Sí y su presidente es el doctor Miguel Antonio Cabezas, toda una institución, un hombre muy serio; está funcionando muy bien.. Nosotros elevamos a través del Consejo todas las causas relacionadas con abogados que se hayan pasado de la raya, para que nuestro tribunal haga las depuraciones de fondo.

-Imagino que el resonante problema del personal de Tribunales, sumado a todas las vacantes mencionadas, debe producir un nivel de mora mayor que el normal, que ya  es grande...
-Hay lugares donde la situación es peor que en otros. En los juzgados de Instrucción de esta ciudad es donde se está viendo la situación más crítica. Hay un pedido de per saltum presentado por dos profesionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se da la situación muy particular que de los cuatro jueces de Instrucción hay uno solo natural; los otros tres son ad-hoc; y aunque tengan la mejor voluntad, es muy difícil. Están ocupando una función que no les compete, y desde hace más de dos años.

-¿Qué pasa en Jujuy, a partir de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?
-Reitero: el nuestro es un colegio nuevo con gente joven, con una apertura distinta. Hicimos jornadas sobre Derechos Humanos; invitamos a un fiscal de la Procuración de la Nación, que está encargado de política criminal, y otros disertantes vinieron a hablar de Terrorismo de Estado. También a jueces federales, funcionarios de la Justicia Federal I y II, gente de las organizaciones de Derechos Humanos. En fin, tratamos de involucrar a todas las partes vinculadas a esta dura temática.

-Supongo que ese tipo de  encuentro tiene que ver con una forma de actualización y de debate...
-Precisamente lo que quisimos fue instalar el debate desde el Colegio de Abogados. Felizmente lo hemos conseguido. En el Salón Marcos Paz de la Legislatura tuvimos más de doscientos asistentes a las jornadas y creo que el propósito que nos habíamos planteado se cumplió ampliamente. Por ahí algunas organizaciones de Derechos Humanos dijeron, cuando nos encontrábamos en la etapa de preguntas, que el Colegio antes no había participado en esta temática, lo cual es totalmente cierto. Nos hemos comprometido a levantar el hachazo, porque en lo personal creo que nadie podría estar en desacuerdo con que se investigue la verdad. La verdad no le hace mal a nadie, hay que esclarecerla. Tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas. Como organismo técnico estamos tratando de poner en movimiento todos los institutos y desde ellos ser un elemento técnico que ayude al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Tenemos proyectos muy ambiciosos como llevar ante proyectos de ley a la Legislatura en relación a la Ley Procesal Administrativa, el Código Contencioso Administrativo, reformas del Código Procesal Oral y del Código Procesal Civil. Estamos participando en la reforma integral del Código Procesal Penal. Eventualmente, si se declara la reforma constitucional, con seguridad vamos a participar como un órgano técnico.

-Nadie puede discutir que en este mundo y sobre todo en regiones como la nuestra, hay una justicia para ricos y otra para pobres, aunque las leyes estén hechas para todos
-Es una visón generalizada dentro de la sociedad; hay que reconocerlo. Yo lo que veo también es que la persona que tiene dinero tiene más acceso a  la Justicia, más posibilidades de contratar los mejores abogados, de obtener los mejores recursos de prueba, pericias, etc., en fin; tiene una mayor accesibilidad e inmediatez hacia la justicia, justicia que se le priva al que no tiene esos recursos económicos. En otro orden es la tercera o cuarta vez que nos reunimos en conjunto ambos colegios, para tratar de mejorar la administración de la justicia y de corregir los errores posibles en los sectores donde las cosas no se estén haciendo bien.

-Para lo cual -evidentemente- no puede haber vacantes durante dos años.
-Claro, y todo debería concursarse, desde el primero de los empleados hasta el más importante de los funcionarios. Queremos que todo el mundo concurse.

-Un oyente pregunta si conversaron con el gobernador por los fondos para el nuevo edificio del Poder Judicial.
-Hay un proyecto que está en la Legislatura, que quiere crear un fondo fiduciario generado por los ingresos de tasas de justicia. Nos pidieron opinión como Colegio de Abogados y la realidad es que queremos que el Centro Judicial se construya, de dónde salgan los fondos, no importa. Hemos hablado con el gobernador de las carencias edilicias que tiene el Poder Judicial. Por ahí se hablaba de construir en terrenos de Radio Nacional y después en la zona de los regimientos. También se habló que en el proceso de anteproyectos, posteriores proyectos, licitaciones, iban a tener participación tanto el Colegio de Arquitectos como el de Abogados para darle más transparencia al trámite. Pero en concreto no hay ninguna suma de dinero actual en el presupuesto votado por la Legislatura que tenga como destino específico el Centro Judicial de San Salvador de Jujuy. El dinero previsto está para la refuncionalización del edificio actual.

-Otro oyente pregunta cómo se disponen los vehículos secuestrados en los procesos judiciales, porque parece que los funcionarios los usan a discreción...
-La verdad es que conozco poco del tema. Yo me muevo en el ámbito civil, no hago Derecho Penal, así que no conozco en detalle la problemática. Pero sí le puedo decir que si el oyente sabe de algún caso puntual de corrupción, concurra al Colegio, por que hemos decidido trasladar todas las denuncias realizadas por terceros a los organismos competentes, de manera de ser agentes viabilizadores de esos trámites, para tratar de desterrar la corrupción en todos los ámbitos, ya sea en el Poder Judicial o en cualquiera de los poderes del Estado.