En un interesantísimo diálogo en la radio, el doctor Carlos Aníbal Rodríguez, que es gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, experto en medicina laboral, catedrático y consultor de organismos internacionales, comenzó hablando de las precarización de las condiciones laborales en el país, proceso que profundizaron las políticas de flexibilización en el sector.

-Soy de aquellos que creen que esto no va estar nunca en la agenda política si primero no está en la agenda social. O sea, si la gente no toma conciencia de que no hay ningún progreso que pueda ser bienvenido a costa de la sangre de los trabajadores. Parecen palabras demasiado gruesas pero no lo son cuando uno piensa que mueren 700 trabajadores solamente en el sector formal, por año, y seguramente serán muchos más en el sector informal.

-¿En la construcción principalmente?
-La construcción es la que tiene la fama porque tiene prensa, pero la mayoría de los accidentes se dan en el agro y de estos en general, los medios no se enteran. Diría que los problemas de la comisiones de trabajo son invisibles a los ojos de la gente. Están tapados por las paredes  o a veces por los alambrados, como en el campo. Hay que hacer un esfuerzo colectivo para mejorar, lo que significa eludir la responsabilidad que tienen la Nación y la Provincia; esta última tiene el derecho de inspección de los lugares de trabajo que ya no es competencia nacional y por lo tanto, es la que debe ocuparse de que las leyes se cumplan, porque una ley vigente sin inspecciones es una ley muerta. El papel aguanta todo, pero lo que aguanta mucho menos es la realidad que nos muestra que más del 50 % de la población no tiene cobertura por ART porque está en el sector no estructural de la economía, lo que se llama trabajo en negro y que a mí me gusta decir trabajo ilegal.

 -¿A qué apunta la nueva ley de riesgos del trabajo?
-No solamente a hacer modificaciones fundamentales en la actual, sino a imprimir cambios profundos a la de Higiene y Seguridad, que es de prevención, preexistente, producto de una dictadura militar en l972, reglamentada por otra dictadura en 1979, y creemos que la prevención merece que la democracia la discuta. Pensamos que reparación y prevención son las caras de la misma moneda; por lo tanto una misma ley debiera agrupar ambos temas, mostrando claramente cuáles son los deberes de los dos lados. Hay que modernizar los aspectos de prevención, actualizarlos; Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica donde los trabajadores no tienen derecho a participar en los problemas de su propia salud en el trabajo. Si uno va a Chile o a Brasil, se encuentra con que hay delegados de seguridad o comisiones paritarias, lo que aquí no sucede porque la ley de prevención es producto de una dictadura militar.

-Gente de Chile, de Colombia, de Bolivia y de otros países latinoamericanos coincidió aquí en que nuestras democracias han traído precarización de todos los derechos de los trabajadores ...
-Es absolutamente cierto. Pero los casos de los que yo le hablo, muchos son de la década del ‘70 y, por supuesto de los ‘90. En otros países, durante las dictaduras militares el sindicalismo pudo discutir. Este es el caso chileno en la época de Pinochet, porque las comisiones son muy pre-existentes a la época del neoliberalismo. En el caso del Perú, es distinto. No tiene estos niveles de participación ni los adquirió en ese tiempo. Sí es cierto que toda la década de los ‘90, toda esta trampa en la que entraron los países latinoamericanos ha traído de la mano la flexibilidad y el deterioro de las condiciones de trabajo. De esto no caben dudas.

-Aquí, donde hay tanto desempleo, sucede por ejemplo que hay mineros que trabajan en condiciones más o menos correctas, y otros que están en condiciones medioevales...
-Cada forma de trabajo tiene, por así decirlo, su forma de enfermar. Cada evolución histórica condiciona una forma de producir y una forma de enfermar. Más o menos conozco lo que pasa en Jujuy. Incluso estuve unos meses atrás a pedido de la comisión interna y del gobierno provincial inspeccionando Aceros Zapla en el momento del conflicto y conozco también lo que pasa en la actividad tabacalera. Si tuviera que hacer un gradiente, no haría uno muy distinto al de otras provincias. Diría que lo primero es tener trabajo; después que este trabajo sea legal. Entonces, creo que el primer problema es la desocupación, luego el trabajo en negro y al lado de esto, la prostitución de todo trabajo, que es el trabajo infantil. Y trabajo infantil que, por ejemplo y en el caso de la provincia y en el agro, está sostenido por una forma perversa de remuneración, que es el trabajo a destajo.

-En algunos lugares, el trabajo infantil tiene connotaciones culturales...
-Correcto. Hace unos diez años atrás, me tocó hacer un diagnóstico del trabajo infantil en la Argentina. Y hay diversas formas de trabajos familiares, que están bajo los ojos de los padres que cuidan de alguna forma las características del trabajo, la carga, pero en la zafra no hay ese tipo de cuidado. Pero mientras se siga pagando por tonelaje o por obra concluida, habrá trabajo infantil. Entonces, si uno quiere acabar con eso, hay que acabar con estas formas perversas de remuneraciones y pensamiento. Si se toman otros sectores, Argentina comienza a ser un país minero y a esto hay que clavárselo en la cabeza. Incluso aparece una minería más compleja, que es la de altura, por encima de los 4000 metros, que produce una cantidad de problemas fisiológicos, patológicos, no siempre con la preparación y la idoneidad suficiente para asumirla. Por un lado, está ese tipo de minería. Y luego está el problema del pirquillero, el que hace la minería de sostén para sí mismo, que también tiene riesgos específicos. Después, la tradición, que es minería a cielo abierto; obviamente, toda la de socavón es muchísimo más peligrosa. Hay que recordar los 13 muertos en Río Turbio y otras formas de explotación que no solamente trajeron problemas a los trabajadores sino también contaminación ambiental. Y para eso, hay que acordarse de Pirquitas, acá. Yo quiero un país minero, sin ninguna duda, porque esto significa fuentes de trabajo primarias y secundarias pero una minería en serio, donde el deterioro ambiental sea el menor posible y donde no se empeñe la salud de los trabajadores. Hoy en día, si la tecnología crea riesgos, tiene que estar en capacidad de ponerlos bajo control y esta es la ley madre. No hay otra. Lo que pasa es que a esto lo tienen que tomar muy en serio las autoridades políticas y las universidades, de una vez por todas, se debieran poner los pantalones largos y estudiar los problemas de salud de los trabajadores. Nosotros estamos estudiando estas cosas en el Ministerio de Trabajo, lo hacemos en forma supletoria. Más aún, actualmente estamos estimulando a las universidades, financiándolas, para que hagan investigaciones. Nadie previene lo que no conoce y para eso, hay que socializar la información.

-¿Cuánto saben los trabajadores de lo que deberían saber?
-En principio, los empleadores tienen la obligación de formar a sus trabajadores, obligación que no cumplen. Las ART tienen obligaciones de formación que tampoco cumplen como deben. Entonces, últimamente depende fundamentalmente de las organizaciones sindicales y le puedo decir que en el tiempo que llevo en esta función, he visto un crecimiento importante de ellas. Este es el motor. Yo creo que las luchas por la salud y la seguridad en el trabajo forman parte de la tradición más añeja del movimiento obrero. Una lucha por la salud y la seguridad fue la de los mártires de Chicago.

-¿Cómo se puede acercar a los trabajadores de Jujuy  toda esta información?
-Además de nuestro sitio web, tenemos un teléfono gratuito, 0800-6666778, que preexistía a nuestra gestión. En ese tiempo, recibíamos 150 llamadas por mes. Hoy estamos en 10 mil, porque hemos logrado una capacidad de respuesta grande. Los compañeros que están allí responden el 98.6  % de todas las preguntas en forma inmediata. El resto se comprometen en devolverla dentro de las 48 horas, o sea que hay devolución permanente. Por otra parte, estamos tratando de tener por lo menos dos actividades por año en cada provincia. Es muy probable que fuera de ésta, haya otras actividades formales en Jujuy (aludiendo a las charlas dictadas por esos días, organizadas por el Centro de Empleados de Comercio).

-¿Cuántas ART están funcionando en la Argentina?
-Cerca de 30 y es probable que algunas empiecen ese proceso que pasaron las AFJP, de ir fusionándose.

-¿Cómo están funcionando?
-En la parte asistencial, bien y es muy superior el sistema actual al que había antes. En cuanto al resarcimiento económico, creo que todavía son amarretes y hay que cambiar la ley para que sean mejores. Y en la parte preventiva, tienen muchas deudas. Tenemos serios problemas con muchas ART, muchísimas veces, resoluciones que sacamos primero son impugnadas administrativamente y después judicialmente. Siempre discuto con ellas, diciéndoles que son empresas de servicio que se financian con un seguro y no empresas de seguro que dan algunos servicios.

-En  el país, el tema del desempleo ha producido que la gente haga colas para conseguir un trabajo y que los patrones, muchas veces con mala intención, señalen la cola cuando alguien reclama algo. Pero a la vez, perseguir el trabajo en negro, puede dejar a la gente en condiciones peores. ¿Cómo se puede hacer?
-Es muy complejo; no tengo una buena respuesta. Lo que sí creo realmente es que hoy día, el salario forma parte ínfima de los costos de casi todos. O sea, que muchísimas actividades que están en negro no tienen razón de ser y aún compiten en forma desleal con aquellos que tienen trabajadores en blanco. Entonces, muchísimas veces se plantea la excusa de que mejor es esto que nada. Creo que lo que en realidad se está ocultando son cadenas de comercialización extrañas y una cantidad de otras cosas sospechosas. Es natural que el que no tiene un trabajo, lo quiera; el que tiene trabajo quiera que sea en blanco; el que tiene un trabajo en blanco quiere ganar bien; el que gana bien quiere trabajar menos horas. Y esto no es una cadena loca, sino absolutamente lógica. Pero el temor a perder el empleo, no debiera menguar el interés en ponerlo en blanco. Hay que seguir trabajando con esa idea y si bien es cierto que en algunos casos las economías de algunas empresas pueden sufrir dificultades, creo también que los economistas deben estudiar estos temas. Lo que puedo decir es que quien no hace prevención, ni salud, ni seguridad, tiene costos que no pagan las ART. Los paga él mismo y la mayoría de las veces no se da cuenta de que los está pagando. Y, por otra parte, no hay dinero que pueda compensar que una persona muera en su trabajo. A ninguna viuda la arreglan con 80 mil pesos. Es decir, el trabajo debe ser fuente de salud y no fuente de enfermedad, mutilación y muerte.